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¿Quién educa cuando la escuela pierde autoridad?

Pequeñas tribulaciones a propósito de la agresión a un estudiante del Liceo Naval

Publicado: 2026-09-20

Escribe CARLOS M. SOTOMAYOR

Un bus escolar convertido en el escenario de un acto vil contra un estudiante de cuarto año de secundaria. Los perpetradores de la denunciada vejación sexual: un grupo de alumnos de quinto año del mismo colegio, el Liceo Naval Almirante Guise.

Durante los días siguientes asistimos a un espectáculo deleznable: un padre escupiendo a la prensa, una periodista revelando irresponsablemente el nombre de la víctima y un congresista de la república minimizando el hecho al afirmar que “esto pasa siempre” y que dos meses en Maranguita les vendrán bien a los agresores.

Lo último: la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo, del Tercer Juzgado de Familia de Lima, ha dictaminado cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los estudiantes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

Más allá del ámbito judicial, queda una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cómo llegamos a este punto? Hay una realidad de la que se habla poco o solo a media voz: la autoridad en nuestras escuelas se ha debilitado de manera alarmante.

¿Dónde empieza el problema? Tras un repaso por la legislación de la última década, me detengo en una norma que, aunque nació con la intención legítima de proteger a los menores de la violencia física y psicológica,  me parece que adoleció de precisión en su diseño. En 2015 se promulgó la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Esta ley considera a los menores de edad como integrantes del grupo familiar en situación de vulnerabilidad. Bajo este marco, la violencia psicológica dejó de ser una falta administrativa para convertirse en delito. Hasta ahí, impecable. Sin embargo, el nudo crítico parece apuntar a las modificaciones posteriores al Código Civil sobre el castigo humillante, definido como “todo trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador”, derogando explícitamente la facultad de padres y maestros de “corregir moderadamente”.

Llevado al aula, el problema es la ambigüedad. Decirle a un estudiante “tu trabajo está incompleto, no cumple con lo solicitado” o “esa conducta es inapropiada”, ¿puede ser interpretado como agresión psicológica? El margen interpretativo es lo suficientemente nebuloso como para que cualquier llamado de atención sea percibido por el alumno o sus padres como un trato humillante o desvalorizador.

La estocada final de este proceso se consolidó en 2020, cuando el Minedu dictó normativas de convivencia que prácticamente proscribieron las medidas punitivas: no se puede dejar sin recreo, retirar del aula, bajar la nota de conducta por faltas académicas ni exponer al estudiante frente a sus pares. Solo se permiten acciones correctivas de carácter reflexivo, dialógico y reparador.

Conviene aclararlo: no se trata de añorar el autoritarismo de antaño. De ninguna manera. Un profesor no tiene derecho a humillar, insultar o agredir a un alumno, ni una institución a imponer castigos arbitrarios. La protección del menor frente al abuso es innegociable. El problema surge cuando, en nombre de esa protección, generamos un entorno donde el docente percibe que ejercer su función formadora representa un riesgo personal y profesional.

Hoy presenciamos escenarios donde un maestro llama la atención por indisciplina o bajo rendimiento y el estudiante —consciente de su cuota de poder— denuncia al docente por maltrato psicológico. Siguiendo los protocolos, el profesor es separado preventivamente del aula mientras el alumno continúa en el colegio sin mayor consecuencia, reforzando su conducta.

Para el docente, en cambio, el proceso puede derivar en la vía judicial, con el desgaste emocional, económico y profesional que ello conlleva. Aunque la mayoría de estas denuncias termine desestimada por falta de sustento, el estigma y el mal rato difícilmente se borran. Ante este panorama, es comprensible que muchos maestros opten por mirar hacia otro lado. El resultado, aulas donde la impunidad se normaliza, muchas veces con el aval irresponsable de los propios padres.

Por supuesto, toda denuncia debe ser escuchada y fiscalizada cuando existan indicios de abuso. Pero una llamada de atención firme no es maltrato. Advertir que una agresión traerá consecuencias no es violencia: es educar. Educar también consiste en señalar límites.

Las normas del Ministerio de Educación han buscado proteger al estudiante y priorizar la convivencia pacífica, un propósito sin duda loable. Pero es momento de debatir con honestidad si el sistema le está brindando a los profesores y a las escuelas las herramientas eficaces para responder ante conductas graves y reiteradas.

Necesitamos maestros que puedan corregir sin miedo. Necesitamos escuelas con capacidad de intervenir antes de que la indisciplina degenere en delito —y no escuelas con autoridades que lejos de apoyar a sus docentes, terminan siguiéndoles el juego pernicioso a estudiantes que malinterpretan o, de plano, inventan maltratos inexistentes—. Necesitamos un marco normativo que proteja al estudiante del abuso, pero que también respalde al docente que ejerce con firmeza su labor. Y, sobre todo, necesitamos entender que una sanción justa no es, bajo ninguna circunstancia, una sanción cruel.


Escrito por

Carlos M. Sotomayor

Escritor y periodista. Ha escrito en diarios y revistas como Expreso, Correo, Dedo medio, Buen salvaje. Enseña en ISIL.


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